Desde el mes de febrero, ONU-Habitat trabaja en Campeche en el marco del proyecto de mejoramiento urbano y habitacional alrededor de las vías ferroviarias integradas en el proyecto Tren Maya. Durante las últimas semanas, el equipo local se ha entrevistado con varias familias para conocer sus situaciones, preocupaciones y propuestas ante una posible relocalización.

Marzo 30, 2020


Estos encuentros dieron inicio antes de la contingencia sanitaria por la pandemia de coronavirus (COVID-19), considerados una herramienta esencial para que los vecinos puedan transmitir sus dudas e intereses respecto al proyecto y avanzar en la búsqueda de soluciones. Sin embargo, la emergencia sanitaria obligó a cancelar otras actividades, como asambleas comunitarias, debido a la restricción de no juntar a un grupo importante de personas en un mismo lugar.

El Tren Maya, a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y que cuenta con el acompañamiento técnico de ONU-Habitat, es uno de los proyectos de infraestructura más estratégicos para el país. Su trascendencia en el momento actual se justifica por su capacidad para reactivar la economía y generar empleo en la Región Sureste.

Dado su carácter prioritario, en las próximas semanas se proyecta la realización de entrevistas de consenso con vecinos, lo que permitirá tener un análisis exhaustivo de la situación de la población que reside en el sector aledaño a las vías y, por lo tanto, continuar las obras. Esta actividad está considerada esencial para la construcción del Tren Maya, por lo que se realizará respetando todas las medidas de seguridad sanitaria.

Negociación justa

Hasta el momento, ONU-Habitat ha contactado con un total de 119 personas (67 mujeres y 52 hombres) de los barrios de Camino Real, Santa Lucía y Bellavista. De ellas, un 84% asegura estar a favor de una posible relocalización, mientras que el 16% revela su disconformidad con esta decisión. Entre quienes han expresado su opinión a favor, destaca la idea de que el Tren Maya supondrá beneficios económicos para el estado de Campeche y mejorará las condiciones de vida de las familias, así como su seguridad ante posibles descarrilamientos.

“Llevo 39 años viviendo en Camino Real. Me duele tener que dejar mi casa. Compré la vivienda, puse mi negocio y vivo de las ventas, de la gente del barrio. Irme a otro lado es volver a empezar, pero estoy consciente de que es para la mejoría de Campeche, para la mejoría de nosotros mismos. El paso del tren rompe los vidrios de la casa y cuartea los techos. Corremos riesgo. Es mejor estar fuera de la vía”, expresa una de las vecinas.

El paso cotidiano del tren causa afectaciones a la infraestructura de las viviendas. Como medida de prevención, las familias refuerzan de manera periódica las paredes y cimientos. Sin embargo, no solo preocupa el riesgo que implica el paso del tren para las viviendas más cercanas a las vías, sino para las niñas y niños que juegan en las inmediaciones o acuden a la escuela primaria ubicada en la zona. “No se avisa. El tren pasa a la hora que quiere, pita si quiere, viene a la velocidad que quiere”, lamentan.

Otra de las razones para mudarse es la necesidad de ordenar la situación jurídica de las viviendas, ya que algunas casas pertenecieron originalmente a una única propiedad. “Me dieron mi título, pero aún no se pudo disolver la propiedad y no puedo vender mi casa”. En otros casos, se negocia la posibilidad de una permuta en otra ciudad: “Me ofrecieron trabajo en Ciudad del Carmen, pero allá la renta es más alta, el doble que acá. Aunque pusimos en renta la casa, no nos alcanza. Para nosotros, la opción sería una casa en Ciudad del Carmen”.

“En nuestro caso, como tenemos hijos, buscamos la opción más cerca de la escuela. Mi hijo mayor está en la primaria y el bebé, en el kínder. Nos gustaría una casa cerca de ambos, que no nos alejemos tanto. Para nosotros, que tampoco nos quede tan lejos de nuestro trabajo, ni del mío ni del de mi mujer. Opciones céntricas donde podamos movernos”, explica otro vecino.

Entre quienes manifiestan su rechazo a una posible relocalización, algunas familias aseguran que sus casas fueron construidas antes que la vía, por lo que insisten en su negativa a abandonarlas. “Yo nací en el barrio del Camino Real. Si algo nos recalcaba mi abuelo, mi bisabuelo y mi papá, es que nosotros no éramos invasores. (…) Tenemos documentos para decir que no somos invasores”, señala una vecina. “Ya tenemos cinco generaciones viviendo en la propiedad que nos legaron mis abuelos. Tenemos 82 años en este trazo. (…) No quiero vender la casa porque aquí está mi raíz, aquí está mi tradición”, menciona otra mujer.

Para dar su consentimiento a una relocalización, los vecinos entrevistados subrayan la necesidad de que se lleve a cabo una “negociación justa”, que excluya el traslado a casas de interés social retiradas de la zona -“en la periferia”- o la entrega de viviendas con un valor inferior al de la vivienda actual. Otra de sus demandas contempla tener en cuenta necesidades específicas de la población, sobre todo, de quienes se desempeñan en la pesca y requieren movilizarse cerca del área tanto en los momentos de actividad pesquera, como para el resguardo de sus embarcaciones durante eventos meteorológicos.

ONU-Habitat continuará atendiendo a los vecinos para asegurar un proceso de negociación exitoso que satisfaga sus necesidades y preferencias, a la vez que permita la liberación de la traza y, con ello, la materialización del proyecto Tren Maya con sus consiguientes beneficios de empleos y conectividad para Campeche y sus microrregiones, así como en los otros estados del Sureste.


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